Xalapa.- El Gobernador debe recapacitar sobre el papel que ha tenido en este caso evidente de abuso y corrupción a partir de una  acusación con  testimonios falsos de AMSA- ECOM contra un grupo de cafetaleros en Veracruz, así lo indicaron decenas de personas de organizaciones nacionales y regionales, profesionistas, periodistas, académicos y cafetaleros a través de un carta con firmas.

El documento señala que “lo anterior llevó al encarcelamiento el 26 de mayo del 2023 a cinco personas y otras siete con órdenes de aprehensión se escondieron.

El 31 de enero del 2022 la Fiscalía, funcionarios estatales y el gerente de AMSA engañaron al gobernador y lo empujaron a que diera una conferencia de prensa que fue el 31 de enero, dijo que quienes organizaron el incendio en el beneficio de café de AMSA fueron coyotes apoyados por una ex alcaldesa de Ixhuatlán del  Café.

Convalidó la versión con testimonios falsos que presentó la empresa y la fiscalía; el incendio lo provocó la misma empresa para cargárselo a los productores de café que protestaban por la baja arbitraria en los precios de compra.

Aunque los cinco detenidos salieron de la cárcel por gestiones legales de los familiares pero el juicio sigue.

Ocho meses y medio después la Fiscalía sigue en lo mismo, dándole largas y poniéndole peros a la entrega de pruebas y testimonios de los acusados. Estas pruebas son contundentes y demostrarían que los acusados estaban en otras partes y no participaron en el incendio y con esto la Fiscalía debería proceder a desistirse de la acusación y terminar con el juicio.

La Fiscalía sigue protegiendo a la empresa y no actúa con equidad y apego al derecho y la justicia. Se ve que hay intereses económicos y políticos detrás. La Fiscalía está cometiendo una gran irregularidad. El proceder de la Fiscalía debe ser investigado por el Consejo de la Judicatura y fincar responsabilidades. Esto sin duda se manejara en la próxima contienda electoral y le están dejando una papa caliente al nuevo Gobierno del Estado.

El Gobernador Cuitláhuac debe asumir su responsabilidad, reunirse nuevamente con la Comisión de Familiares, disculparse por lo que ha ocurrido e incluso reconocer que el gobierno debe reparar los daños a los acusados.

Como cabeza del estado en Veracruz, y a partir de las pruebas de los acusados, el gobernador debe garantizar la vigencia de la justicia y el estado de derecho. Por lo tanto, en coordinación con el gobierno federal deben ver con la Fiscalía que se dé por concluido el juicio y los acusados sean exonerados y tengan su libertad plena”.