El caso de Banderilla

Enrique Yasser Pompeyo

Por años, en muchos municipios del país la transición entre administraciones se ha convertido en una especie de ritual incómodo: llega un nuevo gobierno, revisa las cuentas y descubre que las arcas están vacías.

En algunos casos es discurso político; en otros, una realidad que termina afectando directamente a la población.

Es el caso del municipio de Banderilla que gobierna el alcalde José Antonio Sangabriel, quien ha señalado que al recibir la administración encontró no solo la falta de recursos en las arcas, sino también en la Comisión de Agua Potable, además de una deuda millonaria con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El problema no es menor. Según lo dicho por el edil, existe un adeudo que originalmente era cercano a 12 millones de pesos, derivado de obras que no se cumplieron desde 2016, pero que con los intereses hoy asciende a casi 24 millones de pesos.

En términos prácticos, esto significa que el municipio podría enfrentar restricciones para acceder a apoyos federales en materia hídrica.

Y ahí es donde el problema administrativo se convierte en un problema ciudadano.

Banderilla enfrenta cada año la temporada de estiaje. La escasez de agua no es un fenómeno nuevo, pero sí uno que requiere planeación, inversión y coordinación con instancias federales.

Sin embargo, si un municipio arrastra deudas con Conagua o irregularidades en obras hidráulicas, las posibilidades de obtener respaldo institucional se reducen.

En otras palabras: los errores —o presuntas omisiones— de administraciones pasadas terminan repercutiendo en el acceso al agua de la población actual.

Sangabriel reconoce que apenas están comenzando a estructurar un plan para enfrentar la sequía y mejorar algunos pozos mediante estudios técnicos. Pero también admite algo que suele ser una constante en los gobiernos municipales: la falta de planeación.

En sus propias palabras, cuando algo no se planea bien, lo más probable es que termine en fracaso.

La reflexión va más allá de un señalamiento político. Los municipios siguen operando bajo ciclos de tres o cuatro años donde cada administración inicia prácticamente desde cero, muchas veces corrigiendo errores del pasado en lugar de construir políticas públicas de largo plazo.

El agua, sin embargo, no entiende de calendarios electorales.

Por eso, más allá de las auditorías en curso o de las posibles responsabilidades administrativas que puedan derivarse contra ex funcionarios, lo verdaderamente urgente es que Banderilla logre recuperar capacidad financiera y técnica para enfrentar el estiaje.

Porque cuando las arcas se vacían, siempre hay margen para recuperarlas con el tiempo. Pero cuando el agua falta, la crisis se siente todos los días en las casas de la gente.

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Coatepec y el ambulantaje

Enrique Yasser Pompeyo

Además de la inseguridad, el comercio informal es el otro talón de Aquiles de los gobiernos municipales y Coatepec no es la excepción.

En ese contexto, la postura del alcalde Jorge Ignacio Luna Hernández, al afirmar que el Ayuntamiento no cederá a presiones de comerciantes informales y que la sociedad también es responsable de no fomentar la venta en la vía pública, coloca el debate donde realmente debe estar: en la corresponsabilidad.

El comercio ambulante no es un fenómeno nuevo ni exclusivo del pueblo mágico. Sin embargo, en el centro histórico de la ciudad —donde convergen turismo, tradición y actividad económica formal— su presencia genera tensiones.

Entre semana la afluencia es menor, pero los fines de semana el ambulantaje se incrementa, ocupa calles y banquetas, complicando la movilidad y afectando a quienes sí cumplen con permisos, rentas e impuestos.

El alcalde ha sido claro: la Dirección de Comercio trabaja de manera permanente y coordinada con Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Tránsito.

No es un operativo aislado ni un esfuerzo esporádico; es una acción continua que busca equilibrar orden y respeto a los derechos humanos de los comerciantes.

Y ahí radica parte de la complejidad: aplicar la norma sin caer en excesos, invitar al retiro o reubicación sin confrontaciones, actuar con firmeza sin vulnerar garantías individuales.

Pero hay un punto que incomoda y que, sin embargo, es ineludible: la ley de oferta y demanda. Mientras haya personas que compren en la vía pública, habrá quien venda en la vía pública.

La autoridad puede regular, supervisar y sancionar, pero no puede sustituir la conciencia ciudadana. Si el consumidor privilegia el precio inmediato sobre el orden colectivo, el fenómeno se perpetúa.

Es legítimo que existan manifestaciones y expresiones de inconformidad, como la ocurrida en el Palacio Municipal. Forma parte de la dinámica democrática.

Lo relevante es que no habrá decisiones tomadas bajo presión. Ceder ante bloqueos o rodeos al edificio público enviaría un mensaje de debilidad institucional y abriría la puerta a que cualquier grupo intente imponer condiciones por la vía de la presión.

Ahora bien, la firmeza también debe ir acompañada de alternativas. Reubicar, regularizar, ofrecer opciones viables para quienes dependen de esa actividad económica es parte indispensable de una política pública integral, como lo ha hecho el gobierno de Nacho Luna.

El combate al ambulantaje, en general, no puede reducirse a retirar puestos; debe contemplar esquemas que permitan transitar hacia la formalidad.

Coatepec enfrenta un reto: conservar su identidad y su atractivo turístico sin ignorar la realidad social.

La autoridad tiene la obligación de aplicar la norma de manera permanente y coordinada.

La ciudadanía, por su parte, tiene la responsabilidad de decidir dónde compra y qué modelo de ciudad quiere fortalecer.

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IPE, rendición de cuentas

Enrique Yasser Pompeyo

La rendición de cuentas es fundamental para que los ciudadanos conozcan de primera mano el trabajo, las acciones y los logros de cualquier gobierno, dependencia o ente autónomo, sobre todo cuando se trata de recursos de trabajadores, de jubilados y de pensionados.

Es el caso del Instituto del Pensiones del Estado (IPE) que encabeza su director general Luis Octavio Hernández Lara.

Este miércoles se realizó la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del IPE 2026.

El hecho cobra relevancia, primero, porque se da seguimiento a los temas prioritarios que garantizan la operatividad y la transparencia del Instituto.

Segundo, porque en dicha sesión se presentó y se aprobó el Informe Anual de Actividades del ejercicio 2025.

Este aspecto es fundamental, ya que se trata de un ejercicio de rendición de cuentas donde se detallaron los logros alcanzados, el fortalecimiento de las finanzas institucionales y los avances en la atención a la derechohabiencia durante el año pasado.

Aunado a lo anterior, los integrantes del Consejo abordaron puntos fundamentales del orden del día, entre los que destacan:

El informe de la Reserva Técnica; el Seguimiento al Primer Período del Programa de Revista de Supervivencia 2026; el Informe sobre el Programa de Préstamos; el estado de los Bienes Inmuebles y la Aprobación de los manuales de organización y procedimientos de algunas áreas para optimizar la gestión administrativa.

Cabe detallar que en la sesión participaron Ramón A. Ramos Niembro, por parte de la SEGOB; Fernando Jiménez Martínez, de la Contraloría General del Estado; José Alberto Lara Vega, de la SEV; Noelia Lagunes Calderón, de la Secretaría de Salud; Francisco Javier Esparza Valencia, de la SEDESOL, y Hugo G. Ortiz Carrera, de la STPSyP.

Asimismo, se contó con la presencia de Rosa María Álvarez Santamán y Víctor Manuel Méndez Sánchez, por parte de la FESAPAUV; Néstor Gilberto Ramos Domínguez, de la Sección 56 del SNTE; Óscar Rivera Óvula y Casimiro Hernández Cuervo, del SETSE; María Luisa Arizmendi Castillo, del SUTSEM; Marcos Hernández Mendiola, del SITEV, y Rosa Hernández Valdivia, de la FSTSEM.

Por cierto, como parte de este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, sería importante que el IPE ampliara las sedes donde se rinde dicho Informe. Por ahora son cinco sedes: Tuxpan, Poza Rica, Veracruz, Xalapa y Minatitlán.

El director general Luis Octavio Hernández Lara presentará el Informe en Xalapa, el próximo mes en una fecha por definirse.

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