Xalapa.- Las Integrantes del Capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, reprochó a los tres poderes del estado, la omisión, el incumplimiento y falta de compromiso en los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres.

En conferencia de prensa, recriminaron que no se han renovado a los consejos consultivo y social del Instituto Veracruzano de las Mujeres, instancia en la que el gobierno morenista no ha designado a una titular y es una encargada de despacho al frente, lo que pone de manifiesto la omisión del Ejecutivo.

Refirieron además que mes y medio de haber asumido el cargo el Ejecutivo Estatal fue presentada la estrategia estatal cero tolerancia a la violencia contra las niñas y mujeres en Veracruz, lo que ha sido letra muerta y así lo evidencia en las cifras de delitos que agravian a las mujeres en la entidad.

En este sentido, abundaron que del 2018 a 2023 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconoció que en Veracruz hubo 5 mil 561 feminicidios y en enero del 2024 registró 55 y de estos 6 en Veracruz.

Mientras que el Observatorio Universitario de Violencias de la UV, registró que de 2018 a 2023 han habido 3 mil 115 de casos de mujeres desaparecidas y en enero hay 40.

Recordaron también que en 2016 existe una alerta de género por feminicidio a la que se sumó la alerta por violencia de género por agravio comparado declarada en 2017 y hoy se está a la espera de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres emita la declaratoria correspondiente a la alerta por desaparición de niñas y mujeres que se solicitó desde 2019.

Añadieron que no se atienden los casos de acoso en dependencias como Seguridad Pública, Secretaría de Gobierno y Educación sino que al contrario la consigna es que no denuncien y concilien con sus acosadores y evitar el incremento de denuncias.

Asimismo, precisaron que el Poder Legislativo ha presentado 35 iniciativas relacionadas con los derechos de las mujeres que no han sido aprobadas, en tanto que existe omisión por parte de la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos en contra de la violencia hacia mujeres, niñas y niños y trata de personal y del Tribunal Superior de Justicia.

Finalmente, dijeron que en cuanto al Poder Judicial es indispensable promover la carrera judicial para la designación de juezas en materia penal y familiar mediante concurso de oposición, garantizando que quienes ocupen esos espacios sean personas juzgadoras con formación en materia de perspectiva de género y derechos humanos.