Mesa de Redacción

El caso de Invivienda

Enrique Yasser Pompeyo

Algo ocurre en el Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA). Hay señalamientos muy graves contra el gerente general Hazael Flores Castro.

De acuerdo con la información que han dado a conocer medios de comunicación, el 28 de diciembre de 2022, una empleada de dicho instituto interpuso dos denuncias penales en contra del funcionario ante la Fiscalía Séptima Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, por los delitos de violencia de género, acoso, hostigamiento sexual y lo que resulte.

De manera que se abrió la carpeta de investigación XAL/DXI/FEMUJ/F7/1758/2022, en la cual existen hechos ocurridos en la ciudad de Córdoba, por lo que la Fiscalía Especializada desglosó actuaciones y realizó la remisión de constancias a dicho distrito judicial a fin de que se continúe integrando la investigación mediante la carpeta CRD/FDXIV/FEMUJ/F5/1390/2023.

Pero no solo eso, a la denuncia penal se suman dos quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH), donde se abrieron las carpetas con número DAV/0286/2023 y DAV/0103/2024, las cuales continúan el curso de investigación por la presunta violación a derechos humanos de dos empleadas.

Asimismo, se interpuso una queja ante el Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado, donde se abrió el expediente No. CGE/OIC-SEDESOL/INV/024/2023.

Lo extraño es que a pesar de las pruebas presentadas y la declaración de testigos, la titular del Órgano Interno de Control emitió el Acuerdo de conclusión y archivo del expediente de investigación administrativa, lo que conllevó a que se presentara una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación.

En ese contexto, de acuerdo con la información, al menos cinco mujeres más habrían sido presuntas víctimas de acoso sexual, hostigamiento y de violencia de género por parte del gerente general de INVIVIENDA.

No obstante, únicamente dos de ellas interpusieron denuncias ante la Fiscalía Séptima Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de personas. Las demás se abstuvieron por miedo a represalias o a ser despedidas.

Ante estos hechos, ¿qué están haciendo las autoridades para atender y resolver dicha situación?

¿El gobernador Cuitláhuac García Jiménez está enterado? Y de estarlo, ¿ha sido omiso? ¿Se protegerá al funcionario?

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