Emiliano Zapata y Elízabeth Morales

Enrique Yasser Pompeyo

Rumbo al proceso electoral que se realizará el próximo año en el estado de Veracruz, comienzan a definirse los perfiles de quienes buscarán contender por una diputación, ya sea federal o local.

En algunos partidos políticos hay un proceso de selección previo.

Por citar un ejemplo. Elízabeth Morales García solicitará ante el Partido del Trabajo su registro como coordinadora de Afiliación por el distrito federal de Emiliano Zapata.

Elízabeth Morales García no es nueva ni una improvisada, pues ha ocupado diversos cargos en su trayectoria profesional, entre estos, presidenta municipal de Xalapa, diputada federal, delegada federal del ISSSTE y de PROFECO en Veracruz, además de desempeñarse actualmente como diputada local.

Su trayectoria también incluye trabajo en programas sociales y acciones de apoyo a familias en situación vulnerable.

Su trabajo forma parte de la nueva etapa de fortalecimiento territorial del Partido del Trabajo en Veracruz.

La responsabilidad de Morales García al frente de la Región 4 continuará comprendiendo los distritos de Xalapa y Emiliano Zapata y los 24 municipios que forman parte de esta zona, donde el partido desarrolla tareas de organización, afiliación y fortalecimiento de sus estructuras.

Así lo expresa: “como coordinadora regional seguiré trabajando tanto en Xalapa como en Emiliano Zapata. Para este proceso he decidido concentrar personalmente mi esfuerzo en Emiliano Zapata, recorrer sus municipios, fortalecer la afiliación y seguir construyendo organización desde el territorio”.

Cabe mencionar la participación de distintos perfiles que han decidido incorporarse al proceso, entre ellos liderazgos con experiencia en la administración pública y conocimiento de los municipios de la región.

Esta apertura permitirá al PT ampliar su presencia y contar con cuadros competitivos para las siguientes etapas de organización del partido.

Elizabeth Morales expone: “queremos un PT con opciones, con presencia municipal y con personas que conozcan el territorio. Las definiciones electorales tendrán su momento; hoy nuestra responsabilidad es organizar, sumar y trabajar”.

Durante los últimos meses, el Partido del Trabajo ha avanzado en la reorganización de su estructura en Veracruz mediante coordinaciones regionales, coordinaciones distritales, comités municipales y sectores específicos, con el objetivo de fortalecer su presencia rumbo a los próximos procesos electorales.

Por ello, el trabajo de la Región 4 continuará municipio por municipio para ampliar la militancia y consolidar equipos territoriales tanto en Xalapa como en Emiliano Zapata.

Por cierto, otro de los aspirantes a la Coordinación de Afiliación por el distrito federal de Emiliano Zapata es Jesús Ramírez Villa, profesional con formación en Derecho e Ingeniería Agronómica y experiencia en el ámbito jurídico, agrario y de la administración pública.

En su trayectoria política y social se encuentra su participación como precandidato y candidato a la Presidencia Municipal de Emiliano Zapata, así como diversos cargos de representación y coordinación electoral. También ha desarrollado trabajo comunitario y ejidal, además de participar en organizaciones profesionales y sociales.

También se encuentra Daniel Villalobos Hernández, quien cuenta con experiencia como servidor público y en la administración pública municipal, además de una trayectoria en el ámbito político y social.

Fue presidente municipal de Paso de Ovejas y es reconocido por su actividad como músico en el estado. Su formación académica es en Pedagogía.

No obstante, Elízabeth Morales García tiene una amplia trayectoria profesional, política y social que la posiciona en el ánimo de la población de Emiliano Zapata, donde radica desde hace muchos años.

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El Ingenio San Pedro

Enrique Yasser Pompeyo

La gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García fue directa, clara y contundente en el tema del ingenio “San Pedro” de Lerdo de Tejada.

A la pregunta realizada este lunes en conferencia de prensa: ¿los empresarios ya entregaron el ingenio?, la titular del Ejecutivo estatal respondió: “no, no lo han entregado. Ya está todo, absolutamente todo. El dueño mandó a decir que ya quiere entregar, que ya está listo, que iba a salir, pero que dejaba al gerente encargado para que entregara y no se ha hecho y cuando eso pasa es por falta de voluntad de alguien”.

Sin embargo, ante la cercanía de la nueva zafra, la mandataria veracruzana advirtió que no quieran “jugarle al vivo”.

Así lo dijo: “si están apostándole a que la zafra no se haga, a que la caña de la Cuenca la puedan mover a otro ingenio de ellos, se van a llevar una sorpresa porque aquí hay seriedad, hay palabra y aquí hay un gobierno. Así se los pongo”.

En Veracruz hay seriedad, palabra y gobierno.

En la visita del pasado fin de semana que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le preguntó a la gobernadora sobre el tema y le tuvo que informar que los empresarios no han entregado y sólo le han estado dando vueltas al asunto.

La mandataria veracruzana fue clara: “están jugándole al vivo y no voy a culpar solo a los empresarios, pero ellos son quienes tienen el ingenio. Todo lo que han pedido se hizo. El Fideicomiso ya está. Ahí están trabajadores, productores independientes y un ente de financiamiento, probado y probable. Ya está. Tenemos localizadas piezas para mantenimiento, tenemos todo”.

Rocío Nahle agregó: “ya estamos en octubre y le están jugando al vivo, porque esa es la palabra. Aquí hay seriedad y vuelvo a repetir. Nosotros no andábamos buscando el Ingenio, algo que quisiéramos, pero parece ser que hay alguien que no le convenía que fuéramos a rescatar la zona de la Cuenca”.

La gobernadora también fue directa al exponer que hay quienes piensan en el interés personal o de grupo, por lo que refrendó su compromiso de ver por el bien común.

De manera que esta misma semana, el titular de la Secretaría de Finanzas, Miguel Reyes Hernández, acudirá a la Ciudad de México ante la Secretaría de Agricultura para agilizar y presionar la entrega por parte de los empresarios.

Por cierto, el Gobierno del Estado no tendrá ninguna participación porque así lo define el acuerdo del Tratado de Libre Comercio, pero sí le corresponde vigilar la entrega y que el ingenio siga funcionando en beneficio de la economía de la región.

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Medellín, otra más de Isleño

Enrique Yasser Pompeyo

Hay cifras que, por sí solas, obligan a detenerse. En Medellín de Bravo, el número es 45 millones 798 mil 504.75 pesos: el monto que, de acuerdo con la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, aparece como presunto daño patrimonial durante el periodo de la administración encabezada por Marcos Isleño Andrade.

No se trata de una cantidad menor ni de una simple diferencia contable. Son recursos públicos que, según las observaciones fiscalizadoras, no quedaron debidamente justificados.

Cuando se habla de dinero público, cada peso tiene detrás una obligación: explicar dónde terminó, para qué se utilizó y bajo qué sustento legal.

El asunto cobra mayor relevancia cuando dentro de los hallazgos aparece un grupo de observaciones por 13 millones 773 mil 520.50 pesos, relacionado con gastos de Presidencia, comprobantes personales del entonces alcalde, pagos vinculados con ferias y anticipos para grupos musicales, además de recursos destinados a eventos de toma de protesta.

El problema no parece reducirse solamente a cuánto se gastó, sino a cómo se documentó y justificó ese gasto.

Organizar una feria, contratar un grupo musical o realizar un evento institucional puede formar parte de las actividades de un gobierno municipal.

Lo cuestionable, desde la perspectiva de la fiscalización, surge cuando los recursos utilizados no cuentan con la documentación suficiente para acreditar que fueron ejercidos conforme a la normatividad.

El ORFIS señala que las aclaraciones y comprobantes fiscales presentados resultaron insuficientes o incompletos para justificar el destino de determinados recursos.

Esto significa que las observaciones no deberían despacharse con discursos políticos ni con explicaciones generales: requieren documentos, comprobantes, contratos, facturas y, sobre todo, una explicación puntual sobre el destino de cada peso observado.

La propia fiscalización contempla etapas posteriores para determinar responsabilidades y, en su caso, fincar indemnizaciones o sanciones.

Pero tampoco debe utilizarse esa precisión jurídica como pretexto para minimizar las observaciones. Al contrario: una cifra cercana a 46 millones de pesos exige respuestas a la altura de la cifra.

Medellín de Bravo merece saber qué ocurrió con sus recursos. Merece saber si las observaciones pueden solventarse, qué documentación existe, qué gastos fueron efectivamente acreditados y cuáles permanecen sin justificación suficiente.

El dinero observado no pertenece a un alcalde, a un partido ni a un grupo político. Pertenece a los ciudadanos.

¿Dónde está cada peso?

Ahora corresponde a las autoridades competentes continuar con el procedimiento y determinar lo que jurídicamente proceda.

Pero a la ciudadanía le corresponde algo que ninguna auditoría puede sustituir: exigir transparencia, explicaciones y rendición de cuentas.

En Medellín de Bravo, los 45.8 millones de pesos observados no deberían convertirse en una cifra más de un informe archivado.

Deberían convertirse en el punto de partida para aclarar qué pasó con los recursos públicos y, si existen responsabilidades, que sean determinadas conforme a la ley.

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