Presunción de inocencia para docentes

Enrique Yasser Pompeyo

En los últimos años, la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes ha ocupado un lugar central en la agenda pública, como debe ser.

Sin embargo, esa prioridad no puede significar que se vulneren otros derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia y el debido proceso de quienes ejercen la docencia.

La iniciativa presentada por el diputado local José Reveriano Marín Hernández abre una discusión necesaria: ¿cómo proteger a las y los maestros de acusaciones falsas que, aun sin pruebas, pueden destruir una trayectoria profesional construida durante décadas?

La representante de la asociación civil Misión Magisterial, Miriam López Cruz, pone el acento en un aspecto que pocas veces se aborda.

Señala que la propuesta no pretende colocar a los docentes por encima de la ley ni impedir que se investiguen denuncias legítimas.

Lo que busca es otorgar mayor certeza jurídica frente a señalamientos que carecen de sustento.

Su planteamiento resulta razonable. Nadie debería ser condenado por la opinión pública antes de que existan elementos que acrediten una responsabilidad.

Una acusación falsa puede dejar cicatrices permanentes en la reputación de un maestro, afectar su estabilidad laboral y dañar irreversiblemente la confianza de la comunidad educativa.

Miriam López Cruz recuerda que el propio Código Penal ya sanciona a quien imputa falsamente un delito o fabrica pruebas contra otra persona.

La iniciativa, sostiene, fortalece esa protección para un sector que diariamente trabaja con la mayor responsabilidad: la formación de la niñez y la juventud veracruzana.

Pero quizá la reflexión más importante es la que propone sobre la vida escolar. Antes de acusar, señala, debe privilegiarse el diálogo y la investigación.

No se trata de minimizar denuncias ni de desalentar que se presenten cuando existan elementos; se trata de evitar que rumores, malentendidos o conflictos personales se conviertan en sentencias anticipadas.

También plantea que los reglamentos escolares sean construidos con la participación de docentes, madres y padres de familia, directivos y autoridades educativas. La corresponsabilidad fortalece la convivencia y genera reglas más legítimas para todos.

En Veracruz, donde laboran alrededor de 150 mil docentes en el sistema público, además de quienes trabajan en instituciones particulares, el debate merece darse con seriedad.

Proteger a los estudiantes y garantizar los derechos del magisterio no son objetivos incompatibles; por el contrario, uno depende del otro.

La justicia exige investigar con rigor, sancionar cuando existan pruebas y absolver cuando no las haya.

Ese principio debe aplicarse sin excepción. Porque defender a un maestro de una acusación infundada no significa encubrir conductas indebidas; significa defender el Estado de derecho.

Al final, la confianza en la escuela también se construye con instituciones que actúan con responsabilidad, equilibrio y respeto a los derechos de todas las personas involucradas.

[email protected]

Coatepec y el ambulantaje

Enrique Yasser Pompeyo

Durante más de tres décadas, el ambulantaje ha sido uno de los principales problemas de Coatepec.

Si bien el fenómeno ha rebasado a varias administraciones municipales, también es cierto que estas han intentado distintas soluciones: construir un mercado, rentar espacios, subsidiar locales y promover reubicaciones. Sin embargo, los vendedores regresan a las calles porque ahí está el negocio.

Nadie discute que el trabajo es un derecho humano. Tampoco que muchas familias dependen del comercio informal para sobrevivir. Sin embargo, ningún derecho puede ejercerse anulando los derechos de los demás.

El libre tránsito, el orden urbano, la protección del patrimonio histórico y el respeto al comercio formal también son derechos que el Estado está obligado a garantizar.

Más aún cuando se trata de un Pueblo Mágico. El nombramiento no es únicamente un reconocimiento turístico; implica obligaciones.

Un centro histórico invadido por puestos improvisados, banquetas bloqueadas, competencia desleal y desorden permanente contradice los criterios que distinguen a Coatepec como uno de los destinos más emblemáticos de Veracruz.

Otro aspecto preocupante es el hecho de que buena parte del ambulantaje ni siquiera corresponde a comerciantes locales.

El propio alcalde señala la presencia de vendedores provenientes de municipios vecinos e incluso de otros estados, además de organizaciones que controlan espacios y distribuyen mercancías mediante líderes.

Es decir, el problema ya no es únicamente social, sino también económico y de control del espacio público.

Ante ello, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad en sesión de Cabildo la creación de un perímetro de cero tolerancia al comercio ambulante en el Centro Histórico del Pueblo Mágico, como parte de una estrategia para regular esta actividad y preservar el orden en la zona.

El primer polígono comprende cuatro manzanas del primer cuadro de la ciudad: la del Palacio Municipal, la del Parque Miguel Hidalgo, la de la Parroquia de San Jerónimo y la manzana contigua.

A partir de la entrada en vigor del acuerdo, personal de la Dirección de Comercio, con apoyo de elementos de Seguridad Ciudadana cuando sea necesario, realizará recorridos para hacer cumplir la disposición aprobada por el Cabildo.

El acuerdo tiene carácter de mandato legal y constituye una disposición administrativa de observancia general, por lo que las autoridades municipales cuentan con facultades para ejecutarlo.

El edil aclaró que la medida no busca prohibir el comercio ambulante, sino delimitar las zonas donde podrá ejercerse esta actividad.

Los comerciantes podrán instalarse fuera del polígono restringido, siempre que se registren ante la Dirección de Comercio para integrar un padrón municipal.

Cualquier vendedor ambulante que intente instalarse dentro del perímetro de cero tolerancia será invitado a retirarse conforme al acuerdo aprobado por el Cabildo.

La autoridad tiene la obligación de actuar con sensibilidad, pero también con determinación.

Coatepec merece un centro histórico ordenado, accesible y digno de su vocación turística. Merece apoyar a quienes verdaderamente necesitan trabajar, pero sin permitir que intereses particulares o grupos organizados se apropien de espacios que pertenecen a todos.

Porque un Pueblo Mágico no puede seguir acostumbrándose a que el desorden sea parte del paisaje.

[email protected]

Traiciones partidistas

Enrique Yasser Pompeyo

Las declaraciones del coordinador estatal del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Aguilar, dejan al descubierto una práctica que se ha vuelto recurrente en la política mexicana: el chapulineo disfrazado de “decisión personal” o de supuestas presiones políticas.

Once presidentes municipales decidieron abandonar al partido que los llevó al poder.

Lo hicieron después de haber recibido una candidatura, una estructura partidista, el respaldo de la militancia y, sobre todo, la confianza de miles de ciudadanos que votaron por un proyecto político específico.

Hoy, esos mismos alcaldes pretenden convencer a la opinión pública de que el cambio de camiseta obedece a la falta de obras o a presiones externas.

Ese argumento difícilmente resiste un análisis serio. Los recursos municipales están etiquetados por ley y no dependen del color partidista del alcalde para ejercerlos.

Si existen problemas administrativos o financieros, éstos deben atenderse institucionalmente, no utilizarse como excusa para justificar un cambio de partido.

Como señala Aguilar Aguilar, el verdadero problema parece ser otro: la ingratitud y la falta de lealtad política.

Varios de quienes hoy abrazan a Morena tocaron primero la puerta del Partido del Trabajo porque ahí encontraron la oportunidad que otros institutos políticos no les ofrecieron.

El PT les dio una candidatura cuando la necesitaban; ellos respondieron abandonando el barco apenas encontraron una mejor oferta política.

En democracia nadie está obligado a militar de por vida en un partido. Cambiar de convicciones es legítimo cuando responde a diferencias ideológicas o programáticas.

Lo cuestionable es hacerlo únicamente por cálculo político, por conveniencia personal o por la expectativa de obtener mayores beneficios. Eso no fortalece a la democracia; fortalece el oportunismo.

La política necesita representantes con palabra. Si un alcalde fue electo bajo unas siglas y con un proyecto determinado, existe un compromiso moral con quienes depositaron su confianza en él.

Traicionar al partido también implica, en buena medida, traicionar la voluntad de quienes votaron creyendo en esa opción política.

Vicente Aguilar reconoce que jurídicamente ningún partido puede impedir estas desbandadas. La ley protege la libertad de asociación, pero no puede legislar sobre la congruencia ni sobre la ética pública. Es ahí donde entra el juicio ciudadano.

Al final, como bien señala el dirigente petista, serán los electores quienes pasen la factura. La memoria política puede ser corta, pero no inexistente.

Los ciudadanos saben distinguir entre quien sostiene sus principios en momentos difíciles y quien cambia de bandera apenas soplan vientos más favorables.

Porque en política, como en la vida, las oportunidades generan compromisos. Y quien convierte la lealtad en una mercancía termina enviando un mensaje preocupante: que las siglas, los ideales y la confianza ciudadana valen menos que la conveniencia del momento.

[email protected]