Teocelo, el ex alcalde y la alcaldesa

Enrique Yasser Pompeyo

En Teocelo, 3 millones 972 mil 040.73 pesos son señalados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) como presunto daño patrimonial dentro de la revisión de la Cuenta Pública 2025.

De acuerdo con la información de la revisión, el monto observado se concentra principalmente en el rubro financiero-presupuestal, con 3 millones 644 mil 214.67 pesos, además de observaciones relacionadas con obra pública que, en conjunto, representan 327 mil 826.06 pesos.

Aquí aparece un elemento político y administrativo que merece ser colocado sobre la mesa.

La Cuenta Pública corresponde al ejercicio 2025, cuya administración municipal fue encabezada por Isaac Alberto Anell Reyes, quien gobernó Teocelo durante el periodo 2022-2025.

Dentro de aquella administración estuvo Daniela Villegas Olmos, hoy alcaldesa de Teocelo, quien se desempeñó entonces como síndica única.

No se trata simplemente de revisar un documento del pasado y pasar la página. Se trata de recursos públicos, de dinero que pertenece a los ciudadanos y de observaciones que un órgano fiscalizador consideró suficientemente relevantes para incorporarlas a su proceso de revisión.

La circunstancia adquiere mayor relevancia porque quien hoy encabeza el Ayuntamiento no llega a la administración municipal desde fuera de la historia reciente de Teocelo. Formó parte del gobierno anterior como síndica.

Por eso, más que discursos políticos, lo que Teocelo necesita ahora son explicaciones documentadas.

¿Qué originó las observaciones?

¿Dónde quedaron los recursos señalados?

¿Quiénes participaron en las decisiones administrativas y financieras relacionadas con esos montos?

¿Las observaciones podrán ser solventadas?

¿Quiénes serán llamados a responder, en caso de que las irregularidades no sean aclaradas?

Son preguntas que no deberían generar molestia, porque la rendición de cuentas no es un ataque político: es una obligación de cualquier gobierno.

Lo correcto es esperar las etapas correspondientes y exigir que, si existen responsables, respondan; y si las observaciones pueden ser solventadas con documentación válida, que así quede acreditado públicamente.

Lo que tampoco sería correcto es guardar silencio.

La transparencia no puede ser selectiva. Cuando una administración encuentra señalamientos de gobiernos anteriores, tiene la obligación política y administrativa de informar a la ciudadanía qué está ocurriendo, qué se está solventando y qué corresponde investigar.

En Teocelo hay un elemento adicional que vuelve inevitable la discusión: la actual presidenta municipal fue parte de aquel Ayuntamiento.

Por eso, aunque la Cuenta Pública sea de 2025 y aunque todavía no exista una resolución definitiva sobre el presunto daño patrimonial, la sociedad teocelense tiene derecho a conocer la historia completa.

Casi cuatro millones de pesos no son solamente una cifra en un informe.

Son casi cuatro millones de razones para pedir cuentas, revisar documentos y exigir que la verdad administrativa llegue hasta sus últimas consecuencias.

Porque al final, más allá de partidos, nombres o colores, el dinero observado es dinero público.

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Guzmán Avilés, cuentas pendientes

Enrique Yasser Pompeyo

En Tantoyuca, ¿qué le dejó a los tantoyuquenses casi 30 años de gobiernos vinculados a la familia Guzmán Avilés?

Durante años, el apellido Guzmán Avilés estuvo presente en el Ayuntamiento, en el Congreso local y en el Congreso de la Unión.

Alcaldías, diputaciones federales y locales y otros espacios de decisión estuvieron ocupados por integrantes de esta familia.

Casi 30 años son más que suficientes para evaluar resultados, pero, ¿cuáles?

La verdadera evaluación es a partir de las condiciones en que viven las familias: caminos rurales, agua potable, drenaje, alumbrado, infraestructura, servicios públicos, atención a las comunidades, oportunidades de empleo y desarrollo económico.

Mientras durante años se consolidaba una estructura política familiar, Tantoyuca continuaba arrastrando importantes carencias sociales.

Todo ese poder acumulado no se convirtió en bienestar para la población, sólo sirvió para conservar posiciones políticas.

Ahora aparece un nuevo elemento que obliga a revisar con mayor atención esa historia política familiar.

De acuerdo con el dato señalado por el ORFIS en la Cuenta Pública 2025, las observaciones correspondientes al Ayuntamiento de Tantoyuca incluyen un monto de 148 millones 427 mil 493 pesos con 35 centavos señalado como presunto daño patrimonial, relacionado con el ejercicio fiscal 2025 durante la administración encabezada por el panista Jesús Guzmán Avilés. La cifra es considerable.

148 millones de pesos no son una cifra menor cuando se habla de un municipio que durante años ha enfrentado necesidades históricas.

¿Cómo explicar que después de tantos años de gobiernos y representantes políticos vinculados a una misma familia sigan existiendo necesidades y, al mismo tiempo, aparezcan observaciones millonarias en las cuentas públicas?

Durante casi tres décadas, los Guzmán Avilés tuvieron oportunidad para demostrar que su proyecto podía transformar Tantoyuca y no lo hicieron.

La población, harta y cansada de esta familia panista, terminó colocando a otras fuerzas políticas al frente del Ayuntamiento.

¿Qué recibió Tantoyuca a cambio de tantos años de poder?

Después de casi 30 años de influencia política familiar de los Guzmán Avilés, Tantoyuca merece conocer con precisión qué ocurrió con cada peso de los recursos públicos. Esa es la verdadera cuenta pendiente.

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Tato Vega, ya llegará el momento

Enrique Yasser Pompeyo

En política, muchas veces los mensajes más importantes no están en lo que se anuncia, sino en lo que se deja abierto. Eso es precisamente lo que ocurrió este lunes entre la gobernadora Rocío Nahle y Eduardo “Tato” Vega, subsecretario de Desarrollo Económico, cuando el tema de una eventual participación electoral rumbo a 2027 llegó a la conferencia de prensa.

La frase de la gobernadora fue clara: Ya llegará el momento. Al mismo tiempo, dejó asentado un principio político que resulta significativo: quienes forman parte de su equipo tienen libertad para expresar, llegado el momento y conforme a la ley, sus aspiraciones dentro del movimiento.

En ese contexto, llamó la atención la manera en que Nahle se refirió a Tato Vega. Lejos de colocarlo únicamente en el ámbito de Xalapa, subrayó que el subsecretario está recorriendo Veracruz y cumpliendo con la responsabilidad que le fue encomendada. Tuxpan, Minatitlán y otras regiones forman parte de una agenda que está vinculada con el desarrollo económico del estado.

La gobernadora incluso le dio la palabra para que fuera el propio funcionario quien respondiera sobre sus posibles aspiraciones. Ahí apareció otro mensaje: Vega no adelantó tiempos ni se precipitó.
“Esperaré el momento adecuado, cuando lo marque la ley”, respondió.

Es una postura que coloca el énfasis en el trabajo presente y deja cualquier definición política para el momento correspondiente. Vega recordó que fue invitado por Nahle a integrarse a su equipo desde diciembre de 2024 y que su responsabilidad actual está relacionada con fortalecer el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico y entregar resultados.

Hay, además, un elemento político que no pasa desapercibido: el subsecretario habla abiertamente de la confianza que le otorgó la gobernadora y de su compromiso con el proyecto de gobierno. Esa referencia muestra una relación institucional y política cercana.

Mientras tanto, Vega ha construido una agenda que rebasa la capital veracruzana. Sus declaraciones hicieron referencia al Corredor Interoceánico, reuniones con empresas, organismos empresariales, cámaras de comercio y distintas regiones del estado. También destacó su participación como representante ante el INEGI y el seguimiento de indicadores económicos.

Todo ello permite entender por qué, ante la pregunta política, la gobernadora insistió en que “él anda en todo el estado”. La respuesta puede leerse también como una reivindicación de la actividad que actualmente desarrolla el funcionario.

Quizá ahí esté una de las claves del intercambio de este lunes.
No hubo anuncio de candidatura. No hubo destape formal. Tampoco hubo definición sobre un cargo específico. Lo que sí hubo fue el reconocimiento público de que existe libertad para que los integrantes de su equipo puedan tener aspiraciones y, al mismo tiempo, la coincidencia de que los tiempos legales y políticos deben respetarse.

Tato Vega, por su parte, respondió desde la prudencia: primero el trabajo, después los tiempos políticos.

En el escenario rumbo a 2027, esa combinación —confianza, libertad para aspirar y respeto por los tiempos— deja abierta una conversación que, por ahora, apenas comienza.

En política, como recordó la propia gobernadora al evocar el momento en que ella misma esperaba la definición sobre su futuro político, hay ocasiones en que una frase basta para entender que todavía no es el momento de anunciar, pero tampoco de cerrar ninguna posibilidad.

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