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Medellín, otra más de Isleño
Enrique Yasser Pompeyo
Hay cifras que, por sí solas, obligan a detenerse. En Medellín de Bravo, el número es 45 millones 798 mil 504.75 pesos: el monto que, de acuerdo con la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, aparece como presunto daño patrimonial durante el periodo de la administración encabezada por Marcos Isleño Andrade.
No se trata de una cantidad menor ni de una simple diferencia contable. Son recursos públicos que, según las observaciones fiscalizadoras, no quedaron debidamente justificados.
Cuando se habla de dinero público, cada peso tiene detrás una obligación: explicar dónde terminó, para qué se utilizó y bajo qué sustento legal.
El asunto cobra mayor relevancia cuando dentro de los hallazgos aparece un grupo de observaciones por 13 millones 773 mil 520.50 pesos, relacionado con gastos de Presidencia, comprobantes personales del entonces alcalde, pagos vinculados con ferias y anticipos para grupos musicales, además de recursos destinados a eventos de toma de protesta.
El problema no parece reducirse solamente a cuánto se gastó, sino a cómo se documentó y justificó ese gasto.
Organizar una feria, contratar un grupo musical o realizar un evento institucional puede formar parte de las actividades de un gobierno municipal.
Lo cuestionable, desde la perspectiva de la fiscalización, surge cuando los recursos utilizados no cuentan con la documentación suficiente para acreditar que fueron ejercidos conforme a la normatividad.
El ORFIS señala que las aclaraciones y comprobantes fiscales presentados resultaron insuficientes o incompletos para justificar el destino de determinados recursos.
Esto significa que las observaciones no deberían despacharse con discursos políticos ni con explicaciones generales: requieren documentos, comprobantes, contratos, facturas y, sobre todo, una explicación puntual sobre el destino de cada peso observado.
La propia fiscalización contempla etapas posteriores para determinar responsabilidades y, en su caso, fincar indemnizaciones o sanciones.
Pero tampoco debe utilizarse esa precisión jurídica como pretexto para minimizar las observaciones. Al contrario: una cifra cercana a 46 millones de pesos exige respuestas a la altura de la cifra.
Medellín de Bravo merece saber qué ocurrió con sus recursos. Merece saber si las observaciones pueden solventarse, qué documentación existe, qué gastos fueron efectivamente acreditados y cuáles permanecen sin justificación suficiente.
El dinero observado no pertenece a un alcalde, a un partido ni a un grupo político. Pertenece a los ciudadanos.
¿Dónde está cada peso?
Ahora corresponde a las autoridades competentes continuar con el procedimiento y determinar lo que jurídicamente proceda.
Pero a la ciudadanía le corresponde algo que ninguna auditoría puede sustituir: exigir transparencia, explicaciones y rendición de cuentas.
En Medellín de Bravo, los 45.8 millones de pesos observados no deberían convertirse en una cifra más de un informe archivado.
Deberían convertirse en el punto de partida para aclarar qué pasó con los recursos públicos y, si existen responsabilidades, que sean determinadas conforme a la ley.