IPE, el Informe II

Enrique Yasser Pompeyo

A partir de diciembre de 2018, el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE) ha mantenido un carácter de fortalecimiento.

Se inició la reversión de la crisis financiera heredada de administraciones pasadas, dotando al Instituto de una fortaleza y estabilidad sin precedentes.

Este saneamiento ha permitido garantizar, de manera ininterrumpida, el otorgamiento oportuno y eficiente de las pensiones y prestaciones, ampliando su cobertura poblacional y territorial, al tiempo que moderniza y diversifica sus servicios.

Este desempeño da cumplimiento cabal a su Misión: ser un organismo de Seguridad Social que garantice el pago de las prestaciones institucionales bajo los principios de legalidad, ética y responsabilidad pública.

La operatividad del IPE no es un fin en sí mismo, sino el medio para cumplir con su Visión Institucional: fortalecer el sistema solidario mediante una atención con calidez y finanzas sanas, contribuyendo directamente a la calidad de vida su derechohabiencia y, con ello, a la gobernabilidad en el estado de Veracruz.

Para que esta Misión y Visión se traduzcan en resultados tangibles, el IPE ha priorizado el funcionamiento adecuado de sus órganos de gobierno.

Estas instancias representan la columna vertebral del Instituto; en ellas reside la toma de decisiones estratégicas que aseguran que el complejo engranaje administrativo funcione con transparencia y rigor técnico, protegiendo en todo momento el patrimonio de la derechohabiencia.

Tras la salida de Daniela Griego Ceballos de la Dirección General del IPE y con la finalidad de mantener la sinergia lograda y asegurar la estabilidad institucional, la gobernadora Rocío Nahle designó como nuevo titular a Luis Octavio Hernández Lara, quien a partir de marzo de 2025 asumió la encomienda para dar continuidad al proyecto transformador del Instituto.

Bajo este liderazgo compartido en el tiempo, el IPE fortaleció su estabilidad operativa, garantizando el otorgamiento oportuno de las prestaciones bajo principios éticos.

Esta solidez se sustenta en la actividad permanente del Consejo Directivo, órgano máximo de dirección y gobierno del IPE. En las sesiones se aprobaron instrumentos vitales como los Estados Financieros, al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2026, los cuadernillos de prestaciones, así como los programas de Préstamos y de Revista de Supervivencia.

Asimismo se mantuvo una política de puertas abiertas, traduciéndose en 94 audiencias con sindicatos, ayuntamientos y asociaciones de pensionistas, fortaleciendo el vínculo directo con todos los actores del sistema de seguridad social.

NUMERALIA

De las 136,344 personas que integran la población derechohabiente, las mujeres representan el 58.12% del total, confirmando la relevancia de la perspectiva de género en la Seguridad Social.

El IPE posee un rostro marcadamente femenino: las mujeres representan el 64.18% de la población pensionista y el 55.80% del personal activo.

Esta prevalencia femenina no es solo demográfica, sino que se manifiesta en el impacto social de las prestaciones; por ejemplo, ellas recibieron el 60.19% de los préstamos otorgados en el 2025.

Así la Seguridad Social en Veracruz avanza como un pilar fundamental para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres que forman parte de la derechohabiencia.

Al cierre de 2025, el IPE fortalece su base de cotización con la integración de 170 entes públicos, reafirmando el compromiso de los gobiernos locales y organismos con la Seguridad Social veracruzana.

El sistema solidario se fortalece con la integración de nuevas instituciones que confían en su régimen de Seguridad Social. En 2025 se incorporaron formalmente los municipios de Carlos A. Carrillo y Platón Sánchez.

Con estos esfuerzos, el IPE incrementó el número de entes incorporados a 170, integrados por 139 ayuntamientos y 31 dependencias, organismos públicos descentralizados y órganos autónomos.

Esta cobertura institucional permite contar con el soporte necesario para mantener la operatividad y el cumplimiento de la misión social en todo el estado.

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El agente de El Castillo

Enrique Yasser Pompeyo

El agente municipal de El Castillo, Óscar Luna Mendoza, quien el próximo 30 de abril concluye su encargo, este jueves dio declaraciones mediáticas para, según dijo, “limpiar” su nombre, porque asegura que hay una “campaña” en su contra.

Sin embargo, comenzó con un tema, lo cambió por otro y concluyó con uno más.

Primero, rechazó que tenga “negocios turbios” con Román Moreno Hernández, quien como se sabe, fue candidato a la alcaldía de Xalapa por Movimiento Ciudadano en los pasados comicios de 2025.

No obstante, admitió que conoce al integrante del partido naranja desde jóvenes cuando jugaban beisbol; incluso, terminó por confesar que se encuentran emparentados.

Luego, Óscar Luna hizo una serie de acusaciones y señalamientos contra las autoridades de Xalapa porque dice que no les quieren dar servicios, pues para ello deben cambiar de ejido a dominio pleno o propiedad privada, lo que conlleva a pagar impuestos como el predial, limpia pública y otros más, como el resto de los habitantes, lo que no están dispuestos a hacer, es decir, los quieren gratis.

Es más, pretenden chantajear que a cambio de agua, reciban todos los servicios, con obras incluidas, pero sin pagar un solo peso.

Después dijo que no son tiempos políticos, sin embargo, reveló la intención de convertir a El Castillo y otras congregaciones (Chiltoyac, El Tronconal, 6 de Enero y Julio Castro, conocido como Las Trancas) en un nuevo municipio.

A escasas semanas de concluir su encargo, el agente municipal sale a dar declaraciones mediáticas belicosas y de advertencias, como no lo había hecho antes.

Surgen algunas interrogantes: ¿Quién o quiénes están detrás de Óscar Luna Mendoza? ¿Cuáles son los intereses políticos o económicos? ¿Quién o quiénes tratan de generar escenarios ficticios? ¿Habrá intenciones por generar desestabilización? ¿Podría incurrir en algunos delitos?

Solo es cuestión de tiempo para que se revelen las verdaderas intenciones…

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El caso de Banderilla

Enrique Yasser Pompeyo

Por años, en muchos municipios del país la transición entre administraciones se ha convertido en una especie de ritual incómodo: llega un nuevo gobierno, revisa las cuentas y descubre que las arcas están vacías.

En algunos casos es discurso político; en otros, una realidad que termina afectando directamente a la población.

Es el caso del municipio de Banderilla que gobierna el alcalde José Antonio Sangabriel, quien ha señalado que al recibir la administración encontró no solo la falta de recursos en las arcas, sino también en la Comisión de Agua Potable, además de una deuda millonaria con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El problema no es menor. Según lo dicho por el edil, existe un adeudo que originalmente era cercano a 12 millones de pesos, derivado de obras que no se cumplieron desde 2016, pero que con los intereses hoy asciende a casi 24 millones de pesos.

En términos prácticos, esto significa que el municipio podría enfrentar restricciones para acceder a apoyos federales en materia hídrica.

Y ahí es donde el problema administrativo se convierte en un problema ciudadano.

Banderilla enfrenta cada año la temporada de estiaje. La escasez de agua no es un fenómeno nuevo, pero sí uno que requiere planeación, inversión y coordinación con instancias federales.

Sin embargo, si un municipio arrastra deudas con Conagua o irregularidades en obras hidráulicas, las posibilidades de obtener respaldo institucional se reducen.

En otras palabras: los errores —o presuntas omisiones— de administraciones pasadas terminan repercutiendo en el acceso al agua de la población actual.

Sangabriel reconoce que apenas están comenzando a estructurar un plan para enfrentar la sequía y mejorar algunos pozos mediante estudios técnicos. Pero también admite algo que suele ser una constante en los gobiernos municipales: la falta de planeación.

En sus propias palabras, cuando algo no se planea bien, lo más probable es que termine en fracaso.

La reflexión va más allá de un señalamiento político. Los municipios siguen operando bajo ciclos de tres o cuatro años donde cada administración inicia prácticamente desde cero, muchas veces corrigiendo errores del pasado en lugar de construir políticas públicas de largo plazo.

El agua, sin embargo, no entiende de calendarios electorales.

Por eso, más allá de las auditorías en curso o de las posibles responsabilidades administrativas que puedan derivarse contra ex funcionarios, lo verdaderamente urgente es que Banderilla logre recuperar capacidad financiera y técnica para enfrentar el estiaje.

Porque cuando las arcas se vacían, siempre hay margen para recuperarlas con el tiempo. Pero cuando el agua falta, la crisis se siente todos los días en las casas de la gente.

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