Medellín, otra más de Isleño

Enrique Yasser Pompeyo

Hay cifras que, por sí solas, obligan a detenerse. En Medellín de Bravo, el número es 45 millones 798 mil 504.75 pesos: el monto que, de acuerdo con la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, aparece como presunto daño patrimonial durante el periodo de la administración encabezada por Marcos Isleño Andrade.

No se trata de una cantidad menor ni de una simple diferencia contable. Son recursos públicos que, según las observaciones fiscalizadoras, no quedaron debidamente justificados.

Cuando se habla de dinero público, cada peso tiene detrás una obligación: explicar dónde terminó, para qué se utilizó y bajo qué sustento legal.

El asunto cobra mayor relevancia cuando dentro de los hallazgos aparece un grupo de observaciones por 13 millones 773 mil 520.50 pesos, relacionado con gastos de Presidencia, comprobantes personales del entonces alcalde, pagos vinculados con ferias y anticipos para grupos musicales, además de recursos destinados a eventos de toma de protesta.

El problema no parece reducirse solamente a cuánto se gastó, sino a cómo se documentó y justificó ese gasto.

Organizar una feria, contratar un grupo musical o realizar un evento institucional puede formar parte de las actividades de un gobierno municipal.

Lo cuestionable, desde la perspectiva de la fiscalización, surge cuando los recursos utilizados no cuentan con la documentación suficiente para acreditar que fueron ejercidos conforme a la normatividad.

El ORFIS señala que las aclaraciones y comprobantes fiscales presentados resultaron insuficientes o incompletos para justificar el destino de determinados recursos.

Esto significa que las observaciones no deberían despacharse con discursos políticos ni con explicaciones generales: requieren documentos, comprobantes, contratos, facturas y, sobre todo, una explicación puntual sobre el destino de cada peso observado.

La propia fiscalización contempla etapas posteriores para determinar responsabilidades y, en su caso, fincar indemnizaciones o sanciones.

Pero tampoco debe utilizarse esa precisión jurídica como pretexto para minimizar las observaciones. Al contrario: una cifra cercana a 46 millones de pesos exige respuestas a la altura de la cifra.

Medellín de Bravo merece saber qué ocurrió con sus recursos. Merece saber si las observaciones pueden solventarse, qué documentación existe, qué gastos fueron efectivamente acreditados y cuáles permanecen sin justificación suficiente.

El dinero observado no pertenece a un alcalde, a un partido ni a un grupo político. Pertenece a los ciudadanos.

¿Dónde está cada peso?

Ahora corresponde a las autoridades competentes continuar con el procedimiento y determinar lo que jurídicamente proceda.

Pero a la ciudadanía le corresponde algo que ninguna auditoría puede sustituir: exigir transparencia, explicaciones y rendición de cuentas.

En Medellín de Bravo, los 45.8 millones de pesos observados no deberían convertirse en una cifra más de un informe archivado.

Deberían convertirse en el punto de partida para aclarar qué pasó con los recursos públicos y, si existen responsabilidades, que sean determinadas conforme a la ley.

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Santiago Tuxtla: 86 mdp, el presunto daño

Enrique Yasser Pompeyo

En Santiago Tuxtla hay una cifra que difícilmente puede pasar inadvertida: 86 millones 469 mil 239 pesos con 63 centavos señalados como presunto daño patrimonial en la revisión de la Cuenta Pública 2025 por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS).

El dato coloca nuevamente bajo los reflectores el manejo de los recursos públicos durante la administración municipal encabezada por Brianda Kristel Hernández Topete.

Debe decirse con precisión: no se trata de afirmar que exista un desvío de recursos ya acreditado por una sentencia.

Son observaciones derivadas del proceso de fiscalización que deberán ser atendidas, aclaradas y, en su caso, solventadas conforme a los procedimientos correspondientes.

Pero tampoco se puede minimizar la dimensión de la cifra.

Más de 86 millones de pesos representan una cantidad demasiado importante como para despacharla con explicaciones superficiales o con el argumento de que se trata simplemente de observaciones administrativas.

Detrás de cada peso público hay recursos que debieron traducirse en obras, servicios, infraestructura y mejores condiciones para los habitantes de Santiago Tuxtla.

Por eso, la discusión no debería centrarse únicamente en quién gobernó o quién heredó el problema.

La verdadera cuestión es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, más incómoda: ¿dónde están los documentos que expliquen peso por peso esos 86 millones 469 mil 239 pesos con 63 centavos?

Si los recursos fueron ejercidos correctamente, corresponde demostrarlo con expedientes, contratos, comprobantes, obras ejecutadas, facturas y toda la documentación que exija el proceso de fiscalización.

Si existen inconsistencias, tendrán que determinarse responsabilidades conforme a la ley.

La administración municipal ya terminó, pero las cuentas no terminan con el cambio de gobierno.

El dinero público tampoco pierde dueño cuando concluye un periodo constitucional: sigue siendo de los ciudadanos.

Santiago Tuxtla merece respuestas claras, no evasivas. Merece saber qué se hizo con sus recursos y por qué el órgano fiscalizador llegó a una observación de semejante magnitud.

Ahora la pelota está en la cancha de quienes deben aclarar y solventar.

86 millones 469 mil 239 pesos con 63 centavos no son una cifra más en un informe. Son 86 millones de interrogantes que esperan respuestas documentadas.

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Teocelo, el ex alcalde y la alcaldesa

Enrique Yasser Pompeyo

En Teocelo, 3 millones 972 mil 040.73 pesos son señalados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) como presunto daño patrimonial dentro de la revisión de la Cuenta Pública 2025.

De acuerdo con la información de la revisión, el monto observado se concentra principalmente en el rubro financiero-presupuestal, con 3 millones 644 mil 214.67 pesos, además de observaciones relacionadas con obra pública que, en conjunto, representan 327 mil 826.06 pesos.

Aquí aparece un elemento político y administrativo que merece ser colocado sobre la mesa.

La Cuenta Pública corresponde al ejercicio 2025, cuya administración municipal fue encabezada por Isaac Alberto Anell Reyes, quien gobernó Teocelo durante el periodo 2022-2025.

Dentro de aquella administración estuvo Daniela Villegas Olmos, hoy alcaldesa de Teocelo, quien se desempeñó entonces como síndica única.

No se trata simplemente de revisar un documento del pasado y pasar la página. Se trata de recursos públicos, de dinero que pertenece a los ciudadanos y de observaciones que un órgano fiscalizador consideró suficientemente relevantes para incorporarlas a su proceso de revisión.

La circunstancia adquiere mayor relevancia porque quien hoy encabeza el Ayuntamiento no llega a la administración municipal desde fuera de la historia reciente de Teocelo. Formó parte del gobierno anterior como síndica.

Por eso, más que discursos políticos, lo que Teocelo necesita ahora son explicaciones documentadas.

¿Qué originó las observaciones?

¿Dónde quedaron los recursos señalados?

¿Quiénes participaron en las decisiones administrativas y financieras relacionadas con esos montos?

¿Las observaciones podrán ser solventadas?

¿Quiénes serán llamados a responder, en caso de que las irregularidades no sean aclaradas?

Son preguntas que no deberían generar molestia, porque la rendición de cuentas no es un ataque político: es una obligación de cualquier gobierno.

Lo correcto es esperar las etapas correspondientes y exigir que, si existen responsables, respondan; y si las observaciones pueden ser solventadas con documentación válida, que así quede acreditado públicamente.

Lo que tampoco sería correcto es guardar silencio.

La transparencia no puede ser selectiva. Cuando una administración encuentra señalamientos de gobiernos anteriores, tiene la obligación política y administrativa de informar a la ciudadanía qué está ocurriendo, qué se está solventando y qué corresponde investigar.

En Teocelo hay un elemento adicional que vuelve inevitable la discusión: la actual presidenta municipal fue parte de aquel Ayuntamiento.

Por eso, aunque la Cuenta Pública sea de 2025 y aunque todavía no exista una resolución definitiva sobre el presunto daño patrimonial, la sociedad teocelense tiene derecho a conocer la historia completa.

Casi cuatro millones de pesos no son solamente una cifra en un informe.

Son casi cuatro millones de razones para pedir cuentas, revisar documentos y exigir que la verdad administrativa llegue hasta sus últimas consecuencias.

Porque al final, más allá de partidos, nombres o colores, el dinero observado es dinero público.

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