Santiago Tuxtla: 86 mdp, el presunto daño

Enrique Yasser Pompeyo

En Santiago Tuxtla hay una cifra que difícilmente puede pasar inadvertida: 86 millones 469 mil 239 pesos con 63 centavos señalados como presunto daño patrimonial en la revisión de la Cuenta Pública 2025 por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS).

El dato coloca nuevamente bajo los reflectores el manejo de los recursos públicos durante la administración municipal encabezada por Brianda Kristel Hernández Topete.

Debe decirse con precisión: no se trata de afirmar que exista un desvío de recursos ya acreditado por una sentencia.

Son observaciones derivadas del proceso de fiscalización que deberán ser atendidas, aclaradas y, en su caso, solventadas conforme a los procedimientos correspondientes.

Pero tampoco se puede minimizar la dimensión de la cifra.

Más de 86 millones de pesos representan una cantidad demasiado importante como para despacharla con explicaciones superficiales o con el argumento de que se trata simplemente de observaciones administrativas.

Detrás de cada peso público hay recursos que debieron traducirse en obras, servicios, infraestructura y mejores condiciones para los habitantes de Santiago Tuxtla.

Por eso, la discusión no debería centrarse únicamente en quién gobernó o quién heredó el problema.

La verdadera cuestión es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, más incómoda: ¿dónde están los documentos que expliquen peso por peso esos 86 millones 469 mil 239 pesos con 63 centavos?

Si los recursos fueron ejercidos correctamente, corresponde demostrarlo con expedientes, contratos, comprobantes, obras ejecutadas, facturas y toda la documentación que exija el proceso de fiscalización.

Si existen inconsistencias, tendrán que determinarse responsabilidades conforme a la ley.

La administración municipal ya terminó, pero las cuentas no terminan con el cambio de gobierno.

El dinero público tampoco pierde dueño cuando concluye un periodo constitucional: sigue siendo de los ciudadanos.

Santiago Tuxtla merece respuestas claras, no evasivas. Merece saber qué se hizo con sus recursos y por qué el órgano fiscalizador llegó a una observación de semejante magnitud.

Ahora la pelota está en la cancha de quienes deben aclarar y solventar.

86 millones 469 mil 239 pesos con 63 centavos no son una cifra más en un informe. Son 86 millones de interrogantes que esperan respuestas documentadas.

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Teocelo, el ex alcalde y la alcaldesa

Enrique Yasser Pompeyo

En Teocelo, 3 millones 972 mil 040.73 pesos son señalados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) como presunto daño patrimonial dentro de la revisión de la Cuenta Pública 2025.

De acuerdo con la información de la revisión, el monto observado se concentra principalmente en el rubro financiero-presupuestal, con 3 millones 644 mil 214.67 pesos, además de observaciones relacionadas con obra pública que, en conjunto, representan 327 mil 826.06 pesos.

Aquí aparece un elemento político y administrativo que merece ser colocado sobre la mesa.

La Cuenta Pública corresponde al ejercicio 2025, cuya administración municipal fue encabezada por Isaac Alberto Anell Reyes, quien gobernó Teocelo durante el periodo 2022-2025.

Dentro de aquella administración estuvo Daniela Villegas Olmos, hoy alcaldesa de Teocelo, quien se desempeñó entonces como síndica única.

No se trata simplemente de revisar un documento del pasado y pasar la página. Se trata de recursos públicos, de dinero que pertenece a los ciudadanos y de observaciones que un órgano fiscalizador consideró suficientemente relevantes para incorporarlas a su proceso de revisión.

La circunstancia adquiere mayor relevancia porque quien hoy encabeza el Ayuntamiento no llega a la administración municipal desde fuera de la historia reciente de Teocelo. Formó parte del gobierno anterior como síndica.

Por eso, más que discursos políticos, lo que Teocelo necesita ahora son explicaciones documentadas.

¿Qué originó las observaciones?

¿Dónde quedaron los recursos señalados?

¿Quiénes participaron en las decisiones administrativas y financieras relacionadas con esos montos?

¿Las observaciones podrán ser solventadas?

¿Quiénes serán llamados a responder, en caso de que las irregularidades no sean aclaradas?

Son preguntas que no deberían generar molestia, porque la rendición de cuentas no es un ataque político: es una obligación de cualquier gobierno.

Lo correcto es esperar las etapas correspondientes y exigir que, si existen responsables, respondan; y si las observaciones pueden ser solventadas con documentación válida, que así quede acreditado públicamente.

Lo que tampoco sería correcto es guardar silencio.

La transparencia no puede ser selectiva. Cuando una administración encuentra señalamientos de gobiernos anteriores, tiene la obligación política y administrativa de informar a la ciudadanía qué está ocurriendo, qué se está solventando y qué corresponde investigar.

En Teocelo hay un elemento adicional que vuelve inevitable la discusión: la actual presidenta municipal fue parte de aquel Ayuntamiento.

Por eso, aunque la Cuenta Pública sea de 2025 y aunque todavía no exista una resolución definitiva sobre el presunto daño patrimonial, la sociedad teocelense tiene derecho a conocer la historia completa.

Casi cuatro millones de pesos no son solamente una cifra en un informe.

Son casi cuatro millones de razones para pedir cuentas, revisar documentos y exigir que la verdad administrativa llegue hasta sus últimas consecuencias.

Porque al final, más allá de partidos, nombres o colores, el dinero observado es dinero público.

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Guzmán Avilés, cuentas pendientes

Enrique Yasser Pompeyo

En Tantoyuca, ¿qué le dejó a los tantoyuquenses casi 30 años de gobiernos vinculados a la familia Guzmán Avilés?

Durante años, el apellido Guzmán Avilés estuvo presente en el Ayuntamiento, en el Congreso local y en el Congreso de la Unión.

Alcaldías, diputaciones federales y locales y otros espacios de decisión estuvieron ocupados por integrantes de esta familia.

Casi 30 años son más que suficientes para evaluar resultados, pero, ¿cuáles?

La verdadera evaluación es a partir de las condiciones en que viven las familias: caminos rurales, agua potable, drenaje, alumbrado, infraestructura, servicios públicos, atención a las comunidades, oportunidades de empleo y desarrollo económico.

Mientras durante años se consolidaba una estructura política familiar, Tantoyuca continuaba arrastrando importantes carencias sociales.

Todo ese poder acumulado no se convirtió en bienestar para la población, sólo sirvió para conservar posiciones políticas.

Ahora aparece un nuevo elemento que obliga a revisar con mayor atención esa historia política familiar.

De acuerdo con el dato señalado por el ORFIS en la Cuenta Pública 2025, las observaciones correspondientes al Ayuntamiento de Tantoyuca incluyen un monto de 148 millones 427 mil 493 pesos con 35 centavos señalado como presunto daño patrimonial, relacionado con el ejercicio fiscal 2025 durante la administración encabezada por el panista Jesús Guzmán Avilés. La cifra es considerable.

148 millones de pesos no son una cifra menor cuando se habla de un municipio que durante años ha enfrentado necesidades históricas.

¿Cómo explicar que después de tantos años de gobiernos y representantes políticos vinculados a una misma familia sigan existiendo necesidades y, al mismo tiempo, aparezcan observaciones millonarias en las cuentas públicas?

Durante casi tres décadas, los Guzmán Avilés tuvieron oportunidad para demostrar que su proyecto podía transformar Tantoyuca y no lo hicieron.

La población, harta y cansada de esta familia panista, terminó colocando a otras fuerzas políticas al frente del Ayuntamiento.

¿Qué recibió Tantoyuca a cambio de tantos años de poder?

Después de casi 30 años de influencia política familiar de los Guzmán Avilés, Tantoyuca merece conocer con precisión qué ocurrió con cada peso de los recursos públicos. Esa es la verdadera cuenta pendiente.

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