NAMI: cuando la tecnología se pone al servicio de la gente

Enrique Yasser Pompeyo

La transformación de un gobierno no solo se mide por las obras que inaugura, sino también por la forma en que escucha y atiende a su población.

En ese sentido, el Ayuntamiento de Tantoyuca apuesta por una herramienta que acerca la tecnología a las necesidades cotidianas de las familias: NAMI Te Ayuda.

Presentada por el alcalde Roberto San Román Solana, esta asistente virtual representa un paso hacia la modernización de los servicios públicos mediante el uso de inteligencia artificial.

Su propósito es sencillo, pero de gran impacto: permitir que cualquier ciudadano pueda reportar, desde su teléfono celular y a través de WhatsApp, problemas relacionados con los servicios municipales de manera rápida, sencilla y disponible las 24 horas del día.

La innovación no radica únicamente en incorporar tecnología, sino en utilizarla para hacer más eficiente la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía.

Cada reporte queda registrado, recibe un folio de seguimiento y puede ser monitoreado en tiempo real, lo que fortalece la capacidad de respuesta de las áreas operativas del municipio.

En una época donde la inmediatez es parte de la vida diaria, herramientas como NAMI responden a una demanda ciudadana: ser escuchados sin largas filas, horarios limitados o trámites complicados.

Basta con enviar un mensaje, compartir la ubicación y una fotografía del problema para iniciar el proceso de atención.

El mensaje del alcalde es claro: Tantoyuca no puede quedarse atrás en el uso de las nuevas tecnologías.

La inteligencia artificial deja de ser un concepto lejano para convertirse en una aliada que facilita la participación ciudadana y fortalece un gobierno más cercano.

Más allá de una aplicación o un chatbot, NAMI simboliza una nueva forma de gobernar: una administración que busca aprovechar la innovación para ofrecer mejores resultados, optimizar tiempos de respuesta y mantener un contacto permanente con la población.

Cuando la tecnología se utiliza para resolver problemas reales, deja de ser una novedad y se convierte en una herramienta de bienestar.

Ese parece ser el objetivo de esta iniciativa, que invita a las y los tantoyuquenses a participar activamente en el cuidado y mejora de su municipio.

Porque un gobierno cercano también se construye escuchando, respondiendo y aprovechando las herramientas del presente para atender las necesidades del futuro.

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Somos México

Enrique Yasser Pompeyo

En un escenario político donde la población exige mayor cercanía, transparencia y nuevas formas de participación, la llegada de Somos México a Veracruz representaría una oportunidad para refrescar la vida democrática del estado.

Con su acreditación oficial ante las autoridades electorales, el partido inicia una etapa que va más allá del simple cumplimiento de requisitos legales.

El anuncio realizado por su presidente estatal, Julián Javier González Suárez, deja ver un proyecto que apuesta por construir desde el territorio, fortaleciendo primero sus estructuras distritales y posteriormente su presencia en los 212 municipios veracruzanos.

Uno de los aspectos más interesantes de esta nueva fuerza política es su intención de abrir espacios a la ciudadanía.

La creación de un Consejo Ciudadano integrado por personas no afiliadas rompe con la lógica tradicional de los partidos cerrados sobre sí mismos y envía un mensaje de apertura hacia quienes desean contribuir con ideas sin necesariamente militar en una organización política.

También resulta relevante el compromiso de impedir que los dirigentes se conviertan automáticamente en candidatos mientras ocupen sus cargos.

Esta medida busca separar el ejercicio de la dirigencia de las aspiraciones electorales, privilegiando la equidad interna y evitando el uso de las estructuras partidistas con fines personales.

La decisión de definir candidaturas mediante elecciones primarias fortalece la participación democrática al interior del partido y ofrece una alternativa frente a las designaciones cupulares que durante años han generado descontento entre la militancia de diversas fuerzas políticas.

El hecho de iniciar con más de 23 mil afiliados y contar ya con presencia en más de 60 municipios demuestra que existe un sector de la sociedad dispuesto a explorar nuevas opciones.

Más allá de las cifras, el verdadero reto será consolidar esa confianza mediante trabajo permanente, cercanía con la población y propuestas que respondan a las necesidades de los veracruzanos.

Por supuesto, ningún partido está exento de desafíos. El litigio relacionado con el uso de su nombre y de su identidad gráfica forma parte de los procesos institucionales que deberán resolverse conforme a derecho.

Lo importante será que esas diferencias se atiendan dentro del marco legal y sin distraer la atención del objetivo principal: construir una opción política sólida.

Veracruz necesita competencia, pluralidad e instituciones fuertes. La democracia se fortalece cuando existen alternativas capaces de generar nuevas ideas, incorporar ciudadanos y competir en igualdad de condiciones.

En ese contexto, Somos México tiene la oportunidad de demostrar que es posible hacer política con reglas claras, participación ciudadana y una visión distinta para el futuro del estado.

El tiempo será el mejor juez de este proyecto, pero su arranque ofrece señales que merecen atención y, sobre todo, la oportunidad de que los ciudadanos evalúen una nueva propuesta en el panorama político veracruzano.

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Presunción de inocencia para docentes

Enrique Yasser Pompeyo

En los últimos años, la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes ha ocupado un lugar central en la agenda pública, como debe ser.

Sin embargo, esa prioridad no puede significar que se vulneren otros derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia y el debido proceso de quienes ejercen la docencia.

La iniciativa presentada por el diputado local José Reveriano Marín Hernández abre una discusión necesaria: ¿cómo proteger a las y los maestros de acusaciones falsas que, aun sin pruebas, pueden destruir una trayectoria profesional construida durante décadas?

La representante de la asociación civil Misión Magisterial, Miriam López Cruz, pone el acento en un aspecto que pocas veces se aborda.

Señala que la propuesta no pretende colocar a los docentes por encima de la ley ni impedir que se investiguen denuncias legítimas.

Lo que busca es otorgar mayor certeza jurídica frente a señalamientos que carecen de sustento.

Su planteamiento resulta razonable. Nadie debería ser condenado por la opinión pública antes de que existan elementos que acrediten una responsabilidad.

Una acusación falsa puede dejar cicatrices permanentes en la reputación de un maestro, afectar su estabilidad laboral y dañar irreversiblemente la confianza de la comunidad educativa.

Miriam López Cruz recuerda que el propio Código Penal ya sanciona a quien imputa falsamente un delito o fabrica pruebas contra otra persona.

La iniciativa, sostiene, fortalece esa protección para un sector que diariamente trabaja con la mayor responsabilidad: la formación de la niñez y la juventud veracruzana.

Pero quizá la reflexión más importante es la que propone sobre la vida escolar. Antes de acusar, señala, debe privilegiarse el diálogo y la investigación.

No se trata de minimizar denuncias ni de desalentar que se presenten cuando existan elementos; se trata de evitar que rumores, malentendidos o conflictos personales se conviertan en sentencias anticipadas.

También plantea que los reglamentos escolares sean construidos con la participación de docentes, madres y padres de familia, directivos y autoridades educativas. La corresponsabilidad fortalece la convivencia y genera reglas más legítimas para todos.

En Veracruz, donde laboran alrededor de 150 mil docentes en el sistema público, además de quienes trabajan en instituciones particulares, el debate merece darse con seriedad.

Proteger a los estudiantes y garantizar los derechos del magisterio no son objetivos incompatibles; por el contrario, uno depende del otro.

La justicia exige investigar con rigor, sancionar cuando existan pruebas y absolver cuando no las haya.

Ese principio debe aplicarse sin excepción. Porque defender a un maestro de una acusación infundada no significa encubrir conductas indebidas; significa defender el Estado de derecho.

Al final, la confianza en la escuela también se construye con instituciones que actúan con responsabilidad, equilibrio y respeto a los derechos de todas las personas involucradas.

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