Somos México

Enrique Yasser Pompeyo

En un escenario político donde la población exige mayor cercanía, transparencia y nuevas formas de participación, la llegada de Somos México a Veracruz representaría una oportunidad para refrescar la vida democrática del estado.

Con su acreditación oficial ante las autoridades electorales, el partido inicia una etapa que va más allá del simple cumplimiento de requisitos legales.

El anuncio realizado por su presidente estatal, Julián Javier González Suárez, deja ver un proyecto que apuesta por construir desde el territorio, fortaleciendo primero sus estructuras distritales y posteriormente su presencia en los 212 municipios veracruzanos.

Uno de los aspectos más interesantes de esta nueva fuerza política es su intención de abrir espacios a la ciudadanía.

La creación de un Consejo Ciudadano integrado por personas no afiliadas rompe con la lógica tradicional de los partidos cerrados sobre sí mismos y envía un mensaje de apertura hacia quienes desean contribuir con ideas sin necesariamente militar en una organización política.

También resulta relevante el compromiso de impedir que los dirigentes se conviertan automáticamente en candidatos mientras ocupen sus cargos.

Esta medida busca separar el ejercicio de la dirigencia de las aspiraciones electorales, privilegiando la equidad interna y evitando el uso de las estructuras partidistas con fines personales.

La decisión de definir candidaturas mediante elecciones primarias fortalece la participación democrática al interior del partido y ofrece una alternativa frente a las designaciones cupulares que durante años han generado descontento entre la militancia de diversas fuerzas políticas.

El hecho de iniciar con más de 23 mil afiliados y contar ya con presencia en más de 60 municipios demuestra que existe un sector de la sociedad dispuesto a explorar nuevas opciones.

Más allá de las cifras, el verdadero reto será consolidar esa confianza mediante trabajo permanente, cercanía con la población y propuestas que respondan a las necesidades de los veracruzanos.

Por supuesto, ningún partido está exento de desafíos. El litigio relacionado con el uso de su nombre y de su identidad gráfica forma parte de los procesos institucionales que deberán resolverse conforme a derecho.

Lo importante será que esas diferencias se atiendan dentro del marco legal y sin distraer la atención del objetivo principal: construir una opción política sólida.

Veracruz necesita competencia, pluralidad e instituciones fuertes. La democracia se fortalece cuando existen alternativas capaces de generar nuevas ideas, incorporar ciudadanos y competir en igualdad de condiciones.

En ese contexto, Somos México tiene la oportunidad de demostrar que es posible hacer política con reglas claras, participación ciudadana y una visión distinta para el futuro del estado.

El tiempo será el mejor juez de este proyecto, pero su arranque ofrece señales que merecen atención y, sobre todo, la oportunidad de que los ciudadanos evalúen una nueva propuesta en el panorama político veracruzano.

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Presunción de inocencia para docentes

Enrique Yasser Pompeyo

En los últimos años, la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes ha ocupado un lugar central en la agenda pública, como debe ser.

Sin embargo, esa prioridad no puede significar que se vulneren otros derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia y el debido proceso de quienes ejercen la docencia.

La iniciativa presentada por el diputado local José Reveriano Marín Hernández abre una discusión necesaria: ¿cómo proteger a las y los maestros de acusaciones falsas que, aun sin pruebas, pueden destruir una trayectoria profesional construida durante décadas?

La representante de la asociación civil Misión Magisterial, Miriam López Cruz, pone el acento en un aspecto que pocas veces se aborda.

Señala que la propuesta no pretende colocar a los docentes por encima de la ley ni impedir que se investiguen denuncias legítimas.

Lo que busca es otorgar mayor certeza jurídica frente a señalamientos que carecen de sustento.

Su planteamiento resulta razonable. Nadie debería ser condenado por la opinión pública antes de que existan elementos que acrediten una responsabilidad.

Una acusación falsa puede dejar cicatrices permanentes en la reputación de un maestro, afectar su estabilidad laboral y dañar irreversiblemente la confianza de la comunidad educativa.

Miriam López Cruz recuerda que el propio Código Penal ya sanciona a quien imputa falsamente un delito o fabrica pruebas contra otra persona.

La iniciativa, sostiene, fortalece esa protección para un sector que diariamente trabaja con la mayor responsabilidad: la formación de la niñez y la juventud veracruzana.

Pero quizá la reflexión más importante es la que propone sobre la vida escolar. Antes de acusar, señala, debe privilegiarse el diálogo y la investigación.

No se trata de minimizar denuncias ni de desalentar que se presenten cuando existan elementos; se trata de evitar que rumores, malentendidos o conflictos personales se conviertan en sentencias anticipadas.

También plantea que los reglamentos escolares sean construidos con la participación de docentes, madres y padres de familia, directivos y autoridades educativas. La corresponsabilidad fortalece la convivencia y genera reglas más legítimas para todos.

En Veracruz, donde laboran alrededor de 150 mil docentes en el sistema público, además de quienes trabajan en instituciones particulares, el debate merece darse con seriedad.

Proteger a los estudiantes y garantizar los derechos del magisterio no son objetivos incompatibles; por el contrario, uno depende del otro.

La justicia exige investigar con rigor, sancionar cuando existan pruebas y absolver cuando no las haya.

Ese principio debe aplicarse sin excepción. Porque defender a un maestro de una acusación infundada no significa encubrir conductas indebidas; significa defender el Estado de derecho.

Al final, la confianza en la escuela también se construye con instituciones que actúan con responsabilidad, equilibrio y respeto a los derechos de todas las personas involucradas.

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Coatepec y el ambulantaje

Enrique Yasser Pompeyo

Durante más de tres décadas, el ambulantaje ha sido uno de los principales problemas de Coatepec.

Si bien el fenómeno ha rebasado a varias administraciones municipales, también es cierto que estas han intentado distintas soluciones: construir un mercado, rentar espacios, subsidiar locales y promover reubicaciones. Sin embargo, los vendedores regresan a las calles porque ahí está el negocio.

Nadie discute que el trabajo es un derecho humano. Tampoco que muchas familias dependen del comercio informal para sobrevivir. Sin embargo, ningún derecho puede ejercerse anulando los derechos de los demás.

El libre tránsito, el orden urbano, la protección del patrimonio histórico y el respeto al comercio formal también son derechos que el Estado está obligado a garantizar.

Más aún cuando se trata de un Pueblo Mágico. El nombramiento no es únicamente un reconocimiento turístico; implica obligaciones.

Un centro histórico invadido por puestos improvisados, banquetas bloqueadas, competencia desleal y desorden permanente contradice los criterios que distinguen a Coatepec como uno de los destinos más emblemáticos de Veracruz.

Otro aspecto preocupante es el hecho de que buena parte del ambulantaje ni siquiera corresponde a comerciantes locales.

El propio alcalde señala la presencia de vendedores provenientes de municipios vecinos e incluso de otros estados, además de organizaciones que controlan espacios y distribuyen mercancías mediante líderes.

Es decir, el problema ya no es únicamente social, sino también económico y de control del espacio público.

Ante ello, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad en sesión de Cabildo la creación de un perímetro de cero tolerancia al comercio ambulante en el Centro Histórico del Pueblo Mágico, como parte de una estrategia para regular esta actividad y preservar el orden en la zona.

El primer polígono comprende cuatro manzanas del primer cuadro de la ciudad: la del Palacio Municipal, la del Parque Miguel Hidalgo, la de la Parroquia de San Jerónimo y la manzana contigua.

A partir de la entrada en vigor del acuerdo, personal de la Dirección de Comercio, con apoyo de elementos de Seguridad Ciudadana cuando sea necesario, realizará recorridos para hacer cumplir la disposición aprobada por el Cabildo.

El acuerdo tiene carácter de mandato legal y constituye una disposición administrativa de observancia general, por lo que las autoridades municipales cuentan con facultades para ejecutarlo.

El edil aclaró que la medida no busca prohibir el comercio ambulante, sino delimitar las zonas donde podrá ejercerse esta actividad.

Los comerciantes podrán instalarse fuera del polígono restringido, siempre que se registren ante la Dirección de Comercio para integrar un padrón municipal.

Cualquier vendedor ambulante que intente instalarse dentro del perímetro de cero tolerancia será invitado a retirarse conforme al acuerdo aprobado por el Cabildo.

La autoridad tiene la obligación de actuar con sensibilidad, pero también con determinación.

Coatepec merece un centro histórico ordenado, accesible y digno de su vocación turística. Merece apoyar a quienes verdaderamente necesitan trabajar, pero sin permitir que intereses particulares o grupos organizados se apropien de espacios que pertenecen a todos.

Porque un Pueblo Mágico no puede seguir acostumbrándose a que el desorden sea parte del paisaje.

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