LAS COLUMNAS
Mesa de Redacción
La Sala Superior
Enrique Yasser Pompeyo
El pasado miércoles, las magistradas Mónica Aralí Soto Fragoso, Janine Madeline Otálora Malassis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobaron por mayoría de votos los proyectos que resuelven los expedientes SUP-JIN-339/2025, SUP-JIN- 539/2025, SUP-JIN-730/2025 y SUP-JIN-817/2025 mediante el cual determinaron revocar los acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral INE/CG571/2025 y INE/CG572/2025, a fin de dejar insubsistentes las asignaciones y constancias de mayoría de los candidatos hombres ganadores y asignar el cargo a la mujer más votada en cada caso, entre otros efectos.
Algunos de los afectados reflexionan al respecto.
En México y en cualquier parte del mundo, los procesos electorales representan una de las conquistas más importantes de la humanidad.
Gracias a estos, las sociedades han podido avanzar hacia formas de gobierno más justas, incluyentes y representativas. Las elecciones libres, auténticas y respetadas son el corazón de toda democracia funcional.
Por ello, es indispensable que en un país democrático como el nuestro, las reglas previamente establecidas para las contiendas electorales sean respetadas en todo momento, sin excepción y sin reinterpretaciones de última hora.
Ese respeto no sólo garantiza equidad para quienes compiten, sino certeza y confianza para las y los ciudadanos que depositan su voto creyendo en la legalidad del proceso.
Por primera vez, el pueblo de México eligió mediante el voto directo a las personas que ocuparán cargos clave en el Poder Judicial.
Una elección que representa un cambio profundo y un parteaguas en nuestra vida institucional. Por su relevancia, este proceso debía ser un ejemplo de pulcritud, legalidad y firmeza democrática. Sin embargo, hoy ese ejemplo está en riesgo.
A pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano constitucionalmente encargado de organizar y dar certeza a los procesos electorales condujo la elección conforme a los criterios previamente establecidos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pretende reinterpretar las reglas y modificar los criterios de paridad y asignación de representación después de que el proceso ha concluido y los resultados son del conocimiento público.
No se trata de un debate de género ni de paridad. Esta elección nació y se construyó desde esa visión, y prueba de ello es que los resultados obtenidos hasta hoy otorgan más del 60% de los espacios a mujeres.
Por lo tanto, es incongruente intentar justificar una reinterpretación bajo un argumento que ya fue superado por los propios hechos. Las reglas de asignación no solo cumplieron con su propósito, sino que incluso lo superaron.
Pretender cambiar ahora los criterios bajo esta narrativa es desvirtuar el sentido real del proceso y poner en duda su legitimidad.
Se trata, en realidad, de una profunda preocupación jurídica e institucional: no puede haber democracia sólida sin certeza jurídica.
Las reglas del juego electoral no pueden modificarse una vez que la contienda ha terminado. Hacerlo mina la confianza ciudadana, sienta un precedente peligroso para el futuro y convierte cada elección en un espacio de incertidumbre en lugar de certeza.
Modificar los criterios después de conocidos los resultados, quitar constancias de mayoría a quienes legítimamente las obtuvieron conforme a las reglas vigentes, equivale a vulnerar la voluntad popular y debilitar gravemente el Estado de Derecho.
El Tribunal Electoral debió honrar su función constitucional, esto es, actuar con plena responsabilidad institucional y comprender que su papel es dar certeza, no sembrar dudas.
En especial, a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, quien, en un actuar sin precedentes, pretendería llegar a las urnas en los comicios judiciales programados para el 2027.
A poco tiempo de concluir su mandato, hay quienes señalan que intenta alterar los resultados legítimos de la elección para favorecer a candidaturas específicas, con la intención de que estas le “deban el favor”.
“Bajo el falso argumento de una paridad que ya ha sido ampliamente cumplida, busca justificar asignaciones ilegales, creando una red de lealtades que le garantice influencia y continuidad en el futuro”, manifiestan.
Por ello refieren que “es inevitable pensar que dichas candidaturas no solo estarían en deuda con ella, sino que, de llegar al poder mediante este tipo de maniobras, nada garantiza su independencia ni su compromiso con el Estado de Derecho. La subordinación a la figura de Mónica Soto sería una amenaza directa a la autonomía de los nuevos cargos”.
De manera que esta audaz maniobra no sólo atenta contra la legalidad del proceso electoral, sino que pone en riesgo la democracia misma. Sin Estado de Derecho, no hay democracia: las reglas del juego no se cambian al final del partido.
Lo que está en juego no es sólo el resultado de una elección. Lo que está en juego es la confianza de todo un país y, sobre todo, “la legitimidad de quienes a modo, la magistrada Soto Fregoso quiere imponer”.
Javier Herrera
Enrique Yasser Pompeyo
Aprovechando el espaldarazo de la gobernadora, Javier Herrera Borunda, se dejó ver en estos días por su Distrito.
Fue a Lerdo de Tejada, Tlacotalpan y Alvarado. Este miércoles estuvo por Tres Valles y Tierra Blanca.
En todos estos municipios, hubo un verdadero entusiasmo popular por su presencia.
Desde luego, esto genera molestia en algunos sectores morenistas.
Pero como en todos los partidos, pesa más quien vale más votos y quienes le acusan de falta de arraigo, son nativos de otros lugares.
El territorio que presumen se borra con el carisma de Herrera Borunda.
VISITA PRESIDENCIAL
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará una gira de trabajo por el estado de Veracruz los días 5 y 6 de junio.
Acompañada por la gobernadora Rocío Nahle, sus actividades principales incluyen la conferencia “Mañanera del Pueblo” y recorridos por Coatzacoalcos, Minatitlán, Xalapa y Martínez de la Torre.
El viernes 5 de junio, la presidenta Sheinbaum encabezará su tradicional conferencia matutina desde las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Coatzacoalcos. Luego acudirá a Minatitlán para entregar tarjetas de la Beca Rita Cetina.
El sábado 6 de junio estará en Xalapa para una asamblea de Jóvenes Construyendo el Futuro. Más tarde estará en Martínez de la Torre para encabezar una reunión sobre obras de protección ante inundaciones provocadas por el río Bobos.
MEDALLA PARA ROBERTO MORA GALLARDO
Este jueves 4 de junio, en sesión solemne, la LXVII Legislatura del Congreso del Estado entregará la Medalla y Diploma “Al Mérito por la Defensa y Mejora del Medio Ambiente”, correspondiente al año 2026, al biólogo Roberto Mora Gallardo, por sus esfuerzos para el rescate y conservación de ecosistemas en comunidades rurales, para lo que ha motivado la participación de jóvenes y organizaciones de la sociedad veracruzana.
Exceso de ediles
Enrique Yasser Pompeyo
De acuerdo con un Anteproyecto de Punto de Acuerdo que se presentó en el Congreso del Estado, en 92 ayuntamientos de Veracruz existiría un excedente de 230 regidurías.
Con base en un análisis de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), casi un centenar de municipios veracruzanos mantienen una estructura burocrática superior a la que les corresponde legalmente por su número de habitantes.
Así, los 92 municipios sujetos a actualización se integrarían de la siguiente forma: 55 ayuntamientos quedarían integrados con 3 ediles; 21 ayuntamientos, con 5 ediles; 8 ayuntamientos, con 7 ediles; 7 ayuntamientos, con 9 ediles; y únicamente un municipio, con 13 ediles.
El objetivo, se expone, es optimizar el gasto público y garantizar estructuras gubernamentales eficientes.
Asimismo, se precisa que el Anteproyecto no modifica las leyes actuales ni crea nuevas reglas, sino que aplica estrictamente los criterios de población vigentes en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Municipio Libre.
En el documento se acota que esta medida daría continuidad a la reforma constitucional federal en materia de racionalización institucional publicada el pasado 23 de abril de 2026, así como su armonización local, que establece que los ayuntamientos se integrarán por una Presidencia Municipal, una Sindicatura y hasta 15 regidurías.
Además, se asegura que este ajuste no disminuiría la representación democrática de las regiones, sino que alinea las instituciones con la realidad demográfica y los principios de austeridad.
“Al reducir los cargos excedentes, se busca liberar recursos públicos para canalizarlos a servicios públicos”, se subraya.
En el Anteproyecto de Punto de Acuerdo también se pone de manifiesto que se busca que la integración de los ayuntamientos responda a parámetros objetivos, fortalezca la eficiencia administrativa y permita destinar más recursos a la población.
Xico, lo que viene
Enrique Yasser Pompeyo
El Ayuntamiento de Xico que encabeza el alcalde Eduardo Pozos Pérez se sumó a la modificación del esquema de bursatilización de la deuda municipal, al tiempo que avanza en un ambicioso plan hídrico en coordinación con instancias estatales y la Comisión Nacional del Agua.
El también pueblo mágico enfrenta actualmente una deuda cercana a los 3.5 millones de pesos derivada de administraciones anteriores.
Lalo Pozos destaca el respaldo de la gobernadora Rocío Nahle, quien ha promovido un esquema de apoyo para reestructurar la bursatilización y aliviar las finanzas públicas.
Así, el Cabildo aprobó por unanimidad el proceso para modificar este mecanismo financiero, el cual ya fue turnado al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Finanzas para su validación correspondiente.
Esta medida permitirá mejorar la capacidad financiera del municipio y liberar recursos para inversión pública.
En paralelo, el alcalde destaca que desde el inicio de su administración se ha trabajado en la elaboración de un plan hídrico integral, el cual no existía previamente.
Este proyecto fue desarrollado en conjunto con instancias técnicas y validado por la Comisión Nacional del Agua, lo que ha permitido acceder a recursos federales.
Como resultado, se logró gestionar una inversión superior a los 18 millones de pesos, de los cuales 15 millones provienen de la federación y 3 millones del ayuntamiento.
Estos recursos se destinarán a proyectos de captación de agua pluvial, saneamiento mediante biodigestores y acciones en diversas comunidades que cumplen con los lineamientos técnicos.
Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para atender el saneamiento de ríos y arroyos, así como prevenir la contaminación en la región, especialmente en zonas que abastecen de agua a otros municipios cercanos al Cofre de Perote.
En los próximos años se buscará la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, ante la necesidad urgente de mejorar la calidad del agua y garantizar un manejo sustentable del recurso hídrico en la región.
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Mesa de Redacción
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